Las familias de las víctimas del atropello de Castelldefels continúan reclamando “justicia” una década después

Según las familias hubo una falta de cumplimiento de las medidas de seguridad, el andén no tenía las medidas correctas, no estaba iluminado ni señalizado correctamente y no tenía la capacidad necesaria para evacuar a 1.800 pasajeros. También reconocen la parte de culpa de las víctimas.

En el accidente fallecieron 12 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 28 años, a excepción de una mujer de 46.

Una década después, el atropello masivo en la estación del Apeadero de Castelldefels donde murieron 12 personas, sigue vivo en los juzgados. A pesar del desgaste de años de lucha contra un “gigante” como Renfe y Adif, las familias de las víctimas siguen decididas a demostrar que el gestor ferroviario “tuvo parte de culpa“. Finalizada la vía penal en 2014 y después de cuatro años en vía administrativa, los abogados presentaron un nuevo informe pericial que acreditaba que la estación “no cumplía con las medidas de seguridad”. Una vez más, la juez sentenció contra las familias y les negó una indemnización. A la espera de que en breve salga la resolución del recurso, los abogados estudian recurrir al Supremo o acceder a la justicia europea.

Nuria López, abogada de las familias, critica que todo el proceso judicial ha estado lleno de trabas y dificultades y que las familias se han sentido “maltratadas y despreciadas” por Renfe y Adif que, pese a las “evidencias”, se han negado sistemáticamente a reconocer ningún tipo de culpa en lo que pasó en la estación del apeadero de Castelldefels la noche del 23 de junio de 2010. “en cualquier otro país la administración habría reconocido automáticamente su parte de culpa como gestora de la infraestructura, pero aquí llevamos 10 años luchando por conseguirlo “, añade.

Después que las familias optaran por abandonar la vía penal por “agotamiento” en 2014, los abogados emprendieron la vía administrativa. Aunque en el auto de sobreseimiento de la causa penal la juez archivó el caso al no poder hacer a nadie penalmente responsable del atropello, también añadió que el hecho que no se hubieran tomado las medidas de seguridad necesarias ante la previsible aglomeración de gente en los andenes “merecía sin duda un reproche desde el punto de vista civil o administrativo“.

En base a esto, en 2018 presentaron una reclamación fundamentada en un informe pericial que durante el proceso penal no pudo ser aportado para acreditar que “hubo una falta de cumplimiento de las medidas de seguridad en base a la normativa vigente“. Concretamente, el informe apuntaba que la estación, a pesar de estar recién reformada, no cumplía el código técnico de edificación para el andén no tenía las dimensiones correctas, no estaba iluminada y señalizada correctamente y no tenía la capacidad necesaria para evacuar convoyes con 1.800 pasajeros. También señalaba incumplimientos de la ley de Protección Civil de Cataluña para que, ante la previsión de aglomeraciones, no se contratase personal de seguridad de refuerzo ni se alertó por megafonía a los pasajeros del peligro que comportaba cruzar las vías, una advertencia que hoy es habitual en todos los trenes. “Seguramente las víctimas no actuaron del todo bien y pueden tener parte de la culpa, pero eso no te exime a ti que la estación no estaba bien señalizada, que llevabas demasiados pasajeros, que quedaron amontonados en el andén y que por la otra vía llegó un Alaris a 140 km/h “, concluye.

A pesar de las evidencias aportadas, a finales de 2019 la juez sentenció contra las familias denegando la posibilidad de recibir una indemnización y condenándolas a pagar las costas del juicio. “Nuestra demanda era justa y razonada y la juez no tan solo ha negado una indemnización a las familias sino que les ha dejado claro que no tienen derecho ni a reclamar al hacerles pagar el costo del juicio“, critica López. Para López, la clave de todo es que la justicia ha “comprado” la versión de Adif y Renfe que en el momento del accidente en el andén de la estación había como mucho unas 500 personas. Una versión, lamenta, que no han probado ni con el número de billetes vendidos, ni con las imágenes de la estación el día de autos. “Es increíble que quien tiene la obligación de demostrar cuánta gente había ese día no haya exigido estas pruebas ni haya investigado“, añade.

Más allá de la sentencia, López denuncia que durante el juicio que se celebró en el juzgado contencioso administrativo número 5 de Madrid se sintieron “despreciados“. Recuerda que la abogada del estado que defendía Adif le faltó reiteradamente al respecto al perito hasta el punto de que la juez le tuvo que llamar la atención. También que en un momento del juicio, y de forma “totalmente gratuita“, la misma abogada exhibió una fotografía “llena de banderas” de los cortes de la estación del AVE en Girona diciendo que “cuando las vías están ocupadas por gente, los trenes paran “. “Fue muy duro“, recuerda López. Mirando atrás, la abogada de las familias cree que “lo tienen muy difícil” porque se están enfrentando a una administración “muy poderosa” y porque sus demandas “cuestionan cosas esenciales “como la seguridad de prácticamente todas las estaciones del estado. Con todo, deja claro que mientras las familias tengan fuerza continuarán adelante “para ayudarlas a paliar el dolor que sufren“.

De momento están a la espera que en breve salga la resolución del recurso de apelación presentado y que en función de lo que resuelva estudiarán “todas las vías de recurso a su alcance“. Aunque aún no han estudiado si lo pueden hacer, la intención sería ir a la justicia europea para encontrar “una jurisdicción más neutral“. Familias agotadas pero con ganas de justicia. El largo proceso judicial comienza a pasar factura entre las familias que se sienten absolutamente “maltratadas” por la justicia. De momento, dos ya no han presentado el recurso de apelación “para pasar página” y el resto esperan que de una vez por todas se haga justicia.

Eidy Ayala con la foto de su hijo Jesús David, que falleció en el atropello masivo.

Eidy Ayala, madre del Jesús David, una de las víctimas, denuncia en declaraciones a la ACN que la justicia “les ha marginado y les ha cerrado todas las puertas” y que tanto Renfe como Adif son responsables de lo que pasó. Aquí, recuerda que su hijo no fue arrollado por el tren, sino que recibió un golpe en la cabeza después de que su mochila se quedara pegada con el tren cuando esperaba en el andén para salir de la estación. “Mi hijo no intentó cruzar la vía y aún así murió porque el andén no tenía la capacidad para acoger a toda la gente que bajó del tren“, recuerda. En el ámbito más personal, Ayala reconoce que aunque los años han pasado ​​”no hay minuto” que no piense en su hijo. Para recordarlo, un año más, junto con el resto de familias y muchos supervivientes de la tragedia, harán la tradicional ofrenda floral el 24 de junio en el exterior de la estación y celebrarán una misa en la iglesia de Santa María de Castelldefels.

Fuente:ACN Castelldefels/ActualitatPenal

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