La Guardia Civil registra las oficinas del Canal Olímpico por presunto fraude en subvenciones

Agentes de la Unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil, han realizado un registro en las oficinas de Equacat, la empresa gestora del Canal Olímpico de Castelldefels, por orden del juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. El registro se ha realizado con la finalidad de buscar expedientes relacionados con posibles subvenciones recibidas para las obras del Canal Olímpico y la justificación de las mismas. No se han realizado detenciones.

La investigación, que sigue abierta, se ha realizado a las oficinas de Equacat, en el mismo Canal,  por presuntos delitos en fraude de subvenciones, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales, según han confirmado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) fuentes de la investigación.

El mismo juez ya ordenó una operación el noviembre pasado por uno presunto desvíos de fondos públicos de la Secretario General del Deporte a entidades vinculadas en CDC y anteriormente otra de similar, en mayo del 2018, vinculada a la Diputación de Barcelona, donde se investigaba un desvío de fondo del Canal Olímpico.

Concretamente, el juez investiga si la sociedad Equacat, participada por la Generalitat, cobró por duplicado fondos del gobierno catalán y subvenciones de la Diputación de Barcelona para unas obras de adecuación del Canal Olímpico, lo que habría permitido desviar parte de la ayuda pública a otros fines, según ha adelantado El Periódico de Catalunya.

Por ese motivo, los agentes de la Guardia Civil han registrado las oficinas de Equacat en busca de los expedientes relacionados con las subvenciones recibidas para las obras del Canal Olímpico y la justificación de las mismas.

Los indicios de fraude en el desvío de estas subvenciones derivan de la documentación analizada en la investigación que el juez inició sobre una trama para la adjudicación irregular de subvenciones para cooperación internacional por parte de la Diputación de Barcelona, entre los años 2011 y 2015, durante la primera etapa de CiU al frente de la corporación.

Por ello, el magistrado ordenó en mayo de 2018 una operación en la que la Policía Nacional detuvo a 30 personas -entre ellas el expresidente de la Diputación de Barcelona Francesc Esteve- y practicó una veintena de registros en distintas entidades y empresas vinculadas a las subvenciones fraudulentas.

En enero de 2019, el juez encargó las investigaciones a la Guardia Civil, lo que dio pie a una segunda operación, el pasado mes de noviembre, centrada en la presunta concesión fraudulenta de subvenciones públicas de la Secretaría General del Deporte a fundaciones controladas por CDC.

Entre otros fines, el magistrado indaga si la trama desvió dinero público para costear actos vinculados con el ‘procés’ e incluso los gastos del expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

Fuente:ACN

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí